Principales resultados

La serie de estudios de opinión pública sobre el proceso constituyente que se encuentra desarrollando el observatorio VAR CONSTITUCIONAL, de la Universidad Diego Portales, revela, en su primera entrega, que una gran mayoría de las personas encuestadas prefiere  opciones relacionadas con la búsqueda de consensos, para avanzar hacia una nueva Constitución: un 43% se inclina por “buscar puntos de encuentro con sectores que no piensan como uno para alcanzar grandes acuerdos” y un 29% prefiere debatir y exponer los argumentos de las partes, mostrando apertura para cambiar de opinión”. Solo el 19% manifiesta que los actores del proceso constitucional debiesen mantenerse firme “en los principios que uno defiende sin transar con otros sectores”.

El clima de opinión pública respecto del proceso constituyente continúa en el terreno de la incertidumbre. Al consultar por la opción de las personas en el plebiscito de diciembre, el resultado muestra que ±44% votaría en contra de una nueva Constitución, mientras que el ±29% se pronunciaría a favor, en  tanto el 16% anularía o votaría en blanco. Profundizando en las razones de las personas por la opción rechazo, la mayoría de las respuestas se concentra en los siguientes motivos, en primer lugar, la idea de que “el proceso actual no es legítimo” (±33%), que “no se sienten representados por los pactos políticos” (21%) y, por último, que “no resuelve los problemas del país” (19%).

Justicia, Libertad, Derechos Sociales, Probidad y Descentralización, los ejes de las aspiraciones ciudadanas. De acuerdo con la encuesta, los principios más importantes que deberían incluirse en una nueva constitución son Justicia, Libertad y Responsabilidad Fiscal. Por otra parte, la mayoría  de las expectativas de la ciudadanía sobre las normas que deben incluirse en una nueva constitución se concentra en aquellas que garanticen los derechos sociales (25%),  la probidad del sector público (20%) y la descentralización del país (18%).

Ni tanto Estado ni tanto Mercado. Se observa un cierto equilibrio entre visiones  más estatistas  y visiones más promercado en la provisión de bienes y servicios, aunque prevalece una identificación mayoritaria con la posibilidad de obtener ganancias o lucro, pero con un carácter estrictamente regulado. En general, el rol del Estado se privilegia en aspectos tales como la educación básica (56%), agua potable (54%) y atención de salud (50%), aunque la preferencia por lo “público” convive transversalmente con posiciones que optan por un rol compartido entre el Estado y el sector privado.